Categoría: número 33 (alguien cantó no va más)

“Una puerta rota (…) donde comenzaba un día de terror para Walter Mansilla y su familia. El pasillo que da al patio central de la casa fue el primer lugar donde su hermana lo vio cuando la vecindad alertó que en la puerta había 30 efectivos del Kuntur, la fuerza de choque de la provincia de Catamarca”. Así arranca la crónica “Los presos políticos de Andalgalá”, que describe dos de los once arrestos a patadas a ambientalistas de la Asamblea El Algarrobo que se oponen a la mina Agua Rica. Este sábado Andalgalá salió a la calle en su Caminata por la vida y el agua por vez 585: más de diez años negando la licencia social (N13P03) a la la megaminería. 
Walter Mansilla es fotógrafo y registra el trabajo de la asamblea. Lo golpearon y se lo llevaron, junto a su cámara. “Les pregunté a los policías de qué lo acusaban, pero me decían que ellos no sabían, que habían sido enviados a hacer su trabajo”, contó su hermana María. “¿Cuál es su trabajo? Hicieron destrozos aunque la puerta de la cocina y la de la despensa estaban sin llave. ¿Desde cuándo sacar fotos es delito?”.
“La División de Operaciones Especial ‘KUNTUR’, constituye un equipo policial capacitado y entrenado física, intelectual, táctica y operacionalmente para llevar a cabo con éxito, tareas de alto riesgo en apoyo de las unidades que realizan tareas de prevención”, dice en el portal de la Policía de Catamarca. “La creación de esta Unidad debe su razón, a la dinámica de los cambios sociales, la complejidad de los hechos delictivos que se estaban produciendo (…). Esta Unidad Especial adopta el nombre de KUNTUR, palabra quechua que significa ‘CONDOR’, ave de nuestra región andina que custodia desde lo alto”. Como en el Plan Cóndor, pobre bicho.
Otra víctima de los allanamientos cuenta: “Estaban ensañados con el mural, decían que la pintura concordaba con los daños que habían registrado en la sede de Agua Rica (…) no sé qué buscaban. Nunca me imaginé que en democracia viviríamos algo semejante, es un cambio de época: es la dictadura de las mineras”.
 

“Se hizo un mineraloducto que va de la mina al puerto de Rosario”, tuiteaba hace justo un mes Carlos Busqued. Me interesó la palabrita y le pedí más datos. Después encontré especificaciones: hablaba precisamente de los minerales que salen de Bajo de la Alumbrera, la mina a cielo abierto más grande de Argentina, en el cerro Aconquija, cerca de Andalgalá. El mineraloducto tiene 320 kilómetros; es un caño que va desde la mina a Tucumán, y dentro de él viajan los metales -principalmente cobre-, mezclados con agua. Así llegan a una planta en Tucumán, donde se filtran y se suben a un tren que los lleva al puerto de San Lorenzo, en Santa Fe. Y por el río Paraná se van al mundo. Literalmente el mapa del extractivismo.
La mina empezó a operar en 1997, y desde entonces acumuló denuncias sobre contaminación y daño ambiental (además de otras sobre falta de pago de regalías). Incluso hubo denuncias específicas por vertido de minerales por fisuras en el mineraloducto, en Alpachiri, Tucumán. La gran promesa del desarrollo nunca se cumplió: tras 18 años de explotación minera, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del país. En el momento de máxima explotación de Bajo La Alumbrera, dio trabajo a 2400 personas. Y se suponía que iba a cerrar en 2020, simplemente por haber extraído ya todo lo posible del cerro, pero las empresas encontraron una forma de “explotación subterránea” para sacar metales por diez años más. Eso sí, con un tercio de los empleados.
 

La infraestructura para minería a cielo abierto de La Alumbrera se la dejan a Agua Rica, 35 kilómetros al este: una instalación para extraer oro, cobre, plata y molibdeno que se vende desde 2006 como “tres veces La Alumbrera”. En diciembre pasado, Yamana Gold anunció “la finalización de la integración del proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera”, como Proyecto MARA. Pero Agua Rica está a 17 kilómetros de Andalgalá, e involucra la explotación de los ríos que riegan las chacras y proveen agua potable a la ciudad. Incluso algunas de las áreas relevadas quedan bajo el casco urbano. 
En 2009 empezaron las tareas de exploración. La asamblea El Algarrobo, curtida por la experiencia de La Alumbrera, se organizó y comenzó las Caminatas por la Vida y el Agua, que siguen cada sábado hasta hoy, invocando la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución. Así logró ordenanzas municipales y fallos provinciales que protegen la cuenca de Andalgalá como bien común. En 2016, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Justicia de la Provincia de Catamarca admitir el recurso de amparo de la población y detener la actividad minera hasta que se aprobaran en su totalidad el informe y la declaración de impacto ambiental. Pero aunque esto no pasó, la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la megaminería el pasado 23 de diciembre, justo antes de la feria judicial. Esto dio un mes a la empresa para empezar a operar. En marzo, la Asamblea salió a cortar la ruta al cerro; y el sábado pasado, después de la tradicional marcha, un grupo de manifestantes prendió fuego a las oficinas de Agua Rica y al local del Frente de Todos. La asamblea negó “cualquier vinculación con los incidentes violentos” y acusó a la policía de “enviar infiltrados”. También dijo: “Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”. 
Lo demás son arrestos.
 

“Ahora entendí. Territorio es un eufemismo. Es el lugar donde están los pobres. Como es otro idioma, no caí enseguida, pero en derechos humanos hacemos lo mismo. Cuando vamos a trabajar a África, vamos al terrain, terreno. ¿Tal vez territorio sea una mejor traducción que terreno? Me pregunto si en Argentina estoy en el terreno o en el territorio. Llevo cinco años acá y sigo hablando mal. Tengo el corazón roto. Mamá volvió a París hace seis meses. Yo estoy acá y no me ata nada”, escribe Mónica Zwaig en Una familia bajo la nieve.
Intuyo que “territorio” debe ser un término de las ciencias sociales, en tanto lugar donde están personas, pobres o no. Trato de recordar si lo vi aplicado a Andalgalá desde el discurso minero.
 

Después del agua, más agua (pesada). “Autoridades y expertos internacionales han señalado claramente que la descarga de aguas residuales contaminadas con tritio de la planta de energía nuclear de Fukushima al océano afectará el ambiente marino y la salud pública de los países vecinos”, dijo el martes Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Respondía a la decisión de Japón de verter al mar los líquidos que refrigeraron los núcleos de los reactores dañados en el accidente nuclear de Fukushima (gracias serie de Chernóbyl por enseñarnos qué es el núcleo de un reactor). Ya pasaron diez años desde la catástrofe -provocada por un terremoto (N21P01) y su tsunami (N31P02)-, y enormes tanques siguen almacenando 1,3 millones de metros cúbicos de agua con tritio: un elemento químico radionucleido, o radiactivo. 
El tritio es un isótopo natural del hidrógeno, pero se encuentra muy raramente en la naturaleza. Se llama así porque es el tercer isótopo, o hidrógeno 3. El segundo isótopo se llama “deuterio”, y permite producir tritio; eso descubrieron en 1934 Ernest Rutherford, Mark Oliphant y Paul Harteck en un laboratorio de Cambridge. Se usa como fuente de energía y, entre otras cosas, como combustible de la fusión nuclear. 
Las autoridades japonesas dicen que el agua fue limpiada y ya no posee ningún otro elemento radiactivo más que el tritio, que -aseguran- es muy difícil de separar. Sostienen que su liberación no generará ningún peligro ya que su concentración será muy baja al mezclarse con el agua de mar. La comunidad pescadora de Fukushima no está muy feliz con la idea. Greenpeace tampoco: aseguran que el vertido es “no sostenible”, y que los isótopos radiactivos “tienen una vida útil de miles y decenas de miles de años”. Corea del Sur también se quejó.
Vimos Chernóbyl en 2019 (casi junto a Years and Years, con otro accidente nuclear). Mariano Fressoli decía que podía leerse como una alegoría del desastre que representa el cambio climático, una alerta. Qué tiempos, tritrí.
 

“Por colapso del sistema de salud se está aplicando el Triaje Ético. Mañana habrá reunión entre la gobernación y las clínicas y hospitales para entregar algunos lineamientos”, tuiteó este sábado Juan Carlos Higuita, director de Radio Medellín. No conozco la palabra así que voy a la Wiki: “El triaje, trillaje o cribado (del francés triage, “cribado o clasificación”; con la misma etimología que el español trillado, “separación del grano de la paja”) o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la enfermería y la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente, que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. (…) En situaciones de demanda masiva, atención de múltiples víctimas o desastre, se privilegia a la víctima con mayores posibilidades de supervivencia según gravedad y la disponibilidad de recurso. El Diccionario crítico de dudas de medicina señala que «con frecuencia, es posible traducirlo al español como ‘priorización’, ‘clasificación’, ‘selección’ o ‘filtro’». El primero en utilizar este término fue el barón Dominique-Jean Larrey, médico cirujano militar, jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que comenzó a utilizarlo como un sistema de clasificación para tratar a los heridos en el campo de batalla”.
 

“Esto ayudó a salvarle la vida a un amigo, así que me parece bastante importante de contar. Y es el poco costo que tiene, comparado a lo que puede llegar a costar”, tuiteó @pancheu el miércoles, con una foto de un aparatito agarrado a un dedo. “El aparato de arriba es un oxímetro / saturómetro. Mide (indirectamente) la saturación de oxígeno en sangre. En un contexto de hospitales saturados y pacientes covid en sus domicilios, no está mal tener uno en casa. Historia corta: mi amigo con (+) estaba en su casa, con fiebre, tos y dificultad para respirar. Hablaba con médicos por teléfono pero los síntomas eran ‘normales’. Pero tenía un oxímetro, y en un momento le marcó 83, lo dijo por teléfono y lo internaron urgente en UCI. Por suerte ya le dieron el alta, tras 5 días en su casa, 5 en UCI, 5 en intermedia y 5 en sala común. 40 años. Cuando mi viejo había tenido covid, su cardiólogo amigo también le recomendó tener uno para ir monitoreándose en una tablita diaria”. 
Hoy leí un whatsapp en un grupo de trabajo: “Mis viejos ayer se hisoparon y les dio positivo y ahora están yendo a la clínica porque tenían la saturación de la sangre baja”. Fue la primera vez que veía ese dato. Me pregunté cómo lo sabrían, si será que tienen un saturómetro en la casa. Si lo tienen, fue útil, porque un rato después llegó otro texto: “Están internados con oxígeno”. 
Hace un año, cuando empezamos a usar barbijo, me sentía en una serie de hospitales (como las que lista Martín Rodríguez). Ahora que los barbijos ya son una prenda de vestir (N18P05), sumamos a los electrodomésticos este instrumental médico. En 2014 hice una nota con la empresa Philips, y aprendí que habían vendido la operación audiovisual a una compañía japonesa para concentrarse en elementos de “salud personal”. Me explicaron que la población envejecía y los necesitaría. 
Aquí se explica en qué casos es útil el oxímetro: “La evidencia de una saturación baja justifica la consulta médica”. Ayuda cuando los hospitales, justamente, se saturan.
 

Daunte Wright tenía veinte años. Era afroamericano. El domingo pasado, un par de policías lo detuvo mientras andaba en auto en Brooklyn Center, Minneapolis, a 16 kilómetros de donde la policía asesinó a George Floyd hace trece meses. Le pidieron su licencia y trataron de esposarlo; cuando él se resistió y volvió a meterse en el auto, la agente de policía le dijo que si no se quedaba quieto le daría una descarga eléctrica con la taser (N06P08). Y mientras él trataba de arrancar, ella, Kim Potter, le disparó una bala. De plomo. Él, herido, manejó hasta que se estrelló. Cuando la ambulancia llegó al lugar, ya estaba muerto; la oficina forense dictaminó que la causa fue un balazo en el pecho. 
En la misma ciudad, mañana se escucharán los alegatos finales en el juicio a Derek Chauvin, acusado de asesinar a George Floyd clavándole la rodilla sobre su nuca durante nueve minutos. 
Este lunes 19 de abril se cumplen tres décadas de aquel recital de los Redondos al que Walter Bulacio no llegó a entrar. Tenía diecisiete años; una razzia policial lo llevó preso, junto a otros, y en la comisaría lo golpearon tanto que murió cinco días después. Su nombre -convertido en caso- llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cambió la forma de ser joven en Argentina en los años noventa.
 

Hay muchas formas de morir joven. Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, tras casi veinte años. “La guerra en Afganistán nunca debió ser una empresa multigeneracional”, dijo el miércoles. Ya es tarde: ya la llaman Vietnam 2.0. 
Soldado que vuelve sirve para otra batalla. Esta retirada coincide justito con el mayor incidente diplomático con Rusia en varios años: Biden decidió sancionar a Rusia por representar “una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, en sus palabras. Considera que la agencia de inteligencia exterior rusa interfirió en las elecciones estadounidenses de 2020 y que tiene responsabilidad en el hackeo de SolarWinds, entre muchas otras cosas. Entre las sanciones se incluye inhabilitar la operación en Estados Unidos de seis compañías tecnológicas rusas, impedir la circulación de bonos de deuda de Rusia en el mercado estadounidense y expulsar del país a 10 funcionarios rusos del área de inteligencia. De paso, se quejan de la invasión rusa a Crimea en 2014 y del maltrato al opositor Alexei Navalny (N02P05, N21P07, N23P09), que en este momento está preso, en huelga de hambre y -según su médico- en peligro de muerte. Menos mal que liberan las tropas; para conflictos multigeneracionales no hay como los viejos conocidos.
 

Ok, quizás me esté pasando de rosca con la traducción. El original dice “President Biden, Support a People’s Vaccine”. Una vacuna del pueblo, o de la gente, como prefieras. (Antes pueblo, ahora gente, cantaba Calamaro en el 98. Antes pan, ahora clonazepam. Pero los sedantes se están acabando, así que necesitamos más vacunas).
La carta está firmada por 175 líderes, incluidos los ex mandatarios Gordon Brown, François Hollande, Mijail Gorbachov (¿¡vivo!?), el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel. “Querido presidente Biden, estamos gravemente preocupades por la lentitud con que se está ampliando el acceso a la vacuna COVID-19 en los países de ingresos bajos y medios. (…) Nos congratulamos de que el despliegue de vacunas en Estados Unidos y en muchos países más ricos esté llevando esperanza a su ciudadanía. Sin embargo, para la mayoría del mundo, esa misma esperanza no se ve por ningún lado. (…). Nos alientan los informes de que su administración está considerando una exención temporal de las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio durante la pandemia de COVID-19, como proponen Sudáfrica e India (N21P06), y apoyan más de 100 Estados miembros de la OMC y numerosos expertos en salud. Una exención de la OMC es un paso vital y necesario para poner fin a esta pandemia. Debe combinarse con la garantía de que los conocimientos y la tecnología de las vacunas se compartan abiertamente. (…) Esto salvará vidas y nos hará avanzar hacia la inmunidad colectiva mundial (…) sin obstáculos por parte de los monopolios de la industria que están provocando la grave escasez de suministros y bloqueando el acceso a las vacunas. (…) Por favor, tome las medidas urgentes que sólo usted puede tomar, y deje que este momento sea recordado en la historia como aquel en que elegimos poner el derecho colectivo a la seguridad de todos por delante de los intereses comerciales de unos pocos.”