El 26 de septiembre cierra el plazo para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o acuerdo de Escazú. Este convenio internacional vincula por primera vez los derechos ambientales a los derechos humanos. Su objetivo es garantizar “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales (…) contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. No es poco en una región con récord mundial de ambientalistas asesinades por defender los bienes comunes; según la ONG Global Witness, en 2019 fueron 148, más de dos tercios del total global.
Escazú fue firmado por 17 países y precisa de la ratificación de al menos 11 para entrar en vigencia. Van nueve: Guyana, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. En Argentina ya se aprobó en el Senado y hay dictamen unánime para tratarlo en Diputados este miércoles; se espera que se apruebe y que eso impulse a otros países.
En Chile ya dijeron que no firmarán porque “mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente”. En Colombia, que lidera el ranking con 64 activistas asesinades en 2019, el Consejo Gremial rechazó el acuerdo, y la Cámara de Comercio Colombo Americana dijo que “representaría graves perjuicios a la atracción de inversión extranjera”. En Perú, hace una semana fue asesinado Roberto Pacheco, activista contra la minería ilegal. En Brasil, Bolivia y Paraguay se quema el Pantanal el mayor humedal del mundo. Ayer se incendió el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Campana, a 70 kilómetros del Congreso argentino.