Cada vez que salta un escándalo de cibervigilancia siento un déjà vu, como si la privacidad se estuviera derritiendo non stop en cámara lenta desde hace décadas, como los glaciares.
Esta vez Forbidden Stories y Amnistía Internacional patean el tablero de decenas de gobiernos que dicen “¿Yo señor? No, señor”, ante la acusación de espiar ilegalmente a propios y ajenos. Recibieron una filtración descomunal: una lista con 50 mil teléfonos que figuran desde 2016 como “de interés” del software Pegasus de espionaje digital, que en teoría se diseñó para vigilar solo a presuntos terroristas (cuántos mitigadores en una frase, ¿cómo implicar formas correctas de vigilancia?). La empresa israelí NSO Group, que lo fabrica, aseguró que investiga “todos los reclamos creíbles de uso indebido”, y se despegó de la lista, donde hay cientos de periodistas, activistas de derechos humanos, altos cargos de empresas y figuras políticas. El software accede a archivos del teléfono, mensajes, contactos, micrófono, cámara y ubicación en tiempo real.
Forbidden Stories y Amnesty conformaron un consorcio de investigación con 80 periodistas de 17 medios de diversos países. Son muchas las historias que salen de una lista tan larga; se leen en The Washington Post y The Guardian, entre otros medios.
Pegasus infectó los teléfonos celulares de al menos 14 altos mandatarios, empezando por el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Irak, Barham Salih; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; los primeros ministros de Pakistán, Egipto y Marruecos, y el rey de Marruecos, Mohammed VI. Además se identificó hackeo de celulares en Arabia Saudita, Emiratos Árabes e India, entre otros países. En América latina el más afectado fue México, con más de 15 mil teléfonos intervenidos y 25 periodistas espiades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado en 2017.
En el sitio Digital Violence pueden verse visualizaciones de los datos sobre el hackeo masivo de Pegasus: Todos espían.